La Ley de Emprendimiento cumple este mes un año de haber entrado en vigencia. De 17 instrumentos que plantea la norma para impulsar la creación de negocios en el país, están operativos cinco; es decir, un 30%. Los datos corresponden a un estudio efectuado por la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI). 

El resto está en proceso o no está operativo. Emprendedores creen que hace falta difusión. Paulina Tapia tiene un negocio en el que vende espumillas de naranjilla, mora y guayaba en Quito y en Cumbayá, bajo el nombre Bate que Bate. Ella es emprendedora desde hace cinco años y, hace pocos días, supo que existe un Registro Nacional de Emprendimiento (RNE). 

“Cuando se impulsó la norma, sabía que ayudaría a los emprendedores a crecer, pero nunca supe a detalle, a través de qué herramientas”, indicó. El RNE permite a los negocios de menos de cinco años acceder a tasas preferenciales en trámites y promoción nacional e internacional. Pese a los beneficios, según datos del Ministerio de Producción, desde el 27 de julio del 2020 cuando se abrió el registro hasta el 27 de enero, solo 157 negocios se inscribieron. Nathaly González, una pequeña empresaria que tiene su negocio de bordados a mano en Guayaquil, tampoco conoce de estos beneficios. Ella abrió hace ocho meses la marca Amor Artesano, junto a su hermana. 

Las jóvenes quieren ampliar el negocio, pero necesitan capital y no han podido acceder a un crédito. Según González, los productos financieros vigentes no aplican para emprendimientos nuevos y con una facturación baja. “Hemos inyectado capital con avances de tarjetas de crédito y con microcréditos en cooperativas”. 

Pero el costo es alto, dice González. La primera opción tiene un interés del 17,3% y, la segunda, del 20,97 al 25,5%. La Ley definió la creación de nuevos tipos de crédito, pero la Junta Financiera aún no ha resuelto el tema. Además, la norma fijó procesos simplificados para la creación de firmas mediante las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS). 

Este último fue uno de los que más rápido se operativizó. Según la ‘Súper’ de Compañías, esta modalidad permitió a pequeños negocios formalizarse. De mayo del 2020 a enero pasado, se registraron 4 764 firmas de este tipo en el país. Melissa Ruiz, Ronald Alcívar y Lissette Empuño accedieron a este beneficio en julio del año pasado. 

A través de esta herramienta, los emprendedores formalizaron la importadora Laguna Store, que se creó en Guayaquil a inicios del 2020. Esta alternativa les ha permitido cerrar contratos con más celeridad y ampliar su catálogo de clientes a escala nacional. 

La pequeña empresa, que hasta el momento no cuenta con espacio físico, importa y comercializa artículos para el hogar e implementos tecnológicos desde China, Estados Unidos e India. Otro beneficio que plantea la norma es generar un contrato de trabajo que implique menos costos para los emprendedores. 

El instrumento se creó en octubre pasado. Pablo Alarcón, uno de los fundadores de Crepes City, optó contratar a sus tres empleados bajo esa modalidad. Según el empresario, este tipo de contrato le permite tener un respaldo si, en algún momento, llegara a cerrar, pues el contrato solo tiene duración de un año y, al final, solo se cancela desahucio. 

Es renovable hasta por cinco años. En el país, solo 24 personas laboran bajo esa modalidad, según el Ministerio de Trabajo; la mitad en el área de alojamiento y servicio de comidas. 

Para Andrés Zurita, director de la AEI, si bien la ley ha cumplido ciertos parámetros, carece de definición, difusión y articulación entre entidades gubernamentales. Zurita asegura que los enunciados no son suficientes, si los trámites no se agilitan o si la creación de fuentes de financiamiento no es inmediata. 

Estas son las necesidades más frecuentes de los dueños de negocios, dijo. La Cartera de Producción, que debe hacer un informe semestral de cumplimiento de la norma, reconoce que existen actividades que han tomado mayor tiempo del esperado. 

Pero indicó que mantiene la coordinación y articulación entre todos los actores del ecosistema emprendedor, públicos y privados, para avanzar en la aplicación de la Ley.